Reportes Negativos en Centrales de Riesgo Cuando Existe Acuerdo de Pago (Sentencia del 06 de Mayo de 2014)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 y 24 DE LA LEY 1564 DE 2012-.

Radicado interno: XXXX
506 Jurisdiccionales

23 Fallo

Expediente: XXXX Demandante: XXXX Demandado: XXXX

Asunto: AUDIENCIA PÚBLICA – PROCESO VERBAL SUMARIO DE MÍNIMA CUANTÍA. ACTA – CONTINUACIÓN AUDIENCIA

En Bogotá, a los seis(6) días del mes de mayo del año dos mil catorce (2014) siendo las nueve de la mañana (9:00a.m.), fecha y hora previstas para continuar la audiencia contemplada en el artículo439 del Código de Procedimiento Civil, suspendida el pasado diecinueve(19) de marzo, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales se constituye en audiencia pública para los efectos correspondientes, disponiendo el registro de lo actuado mediante sistema de grabación magnetofónica, soporte que forma parte integral de la presente acta. Asiste la audiencia Diego Fernando Ramírez Sierra, profesional especializado de la Delegatura.

(…)

SENTENCIA

Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor XXXX y XXXX

I. ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

El señor XXXX en ejercicio de la acción de protección al consumidor, presentó demanda en contra de XXXX solicitando se condene a la entidad a indemnizarle los daños derivados de la afectación al buen nombre, historia crediticia, situación económica y afectación sicológica, lesionados como consecuencia del reporte negativo efectuado.

Como soporte de sus pretensiones expuso que no obstante haber cancelado en diciembre del año 2012 la tarjeta de crédito MasterCard ***4966 del XXXX, fue reportado ante CIFIN y DATACRÉDITO, con lo cual las entidades financieras le cerraron las puertas. Consecuencia de lo anterior, se vio obligado a vender su casa y su automóvil, para cubrir otras obligaciones con el XXXX, así como la maquinaria de su empresa, para solventar su situación económica, adicionalmente su hija tuvo que aplazar el semestre de universidad. Así mismo reprocha la incómoda gestión de cobranza de que fue objeto.

Mediante providencia del diecinueve (19) de diciembre de 2013 fue admitida la demanda. Surtido el trámite de rigor, el XXXX dio oportuna contestación a la misma, aceptó que la tarjeta de crédito ***4966 fue cancelada en diciembre de 2012, aclarando que el señor XXXX había incurrido en mora de las cuotas mensuales a partir de junio de 2011, por lo que la entidad comisionó a la casa de cobranza “COBRANDO S.A.S.” con el fin de obtener el recaudo del valor en mora, lo que propició que el junio de 2012 se celebrara un acuerdo de pago comprometiéndose el actor a cancelar 6 cuotas mensuales por valor de $105.000 c/u con el fin de saldar la obligación y de esta manera obtener la cancelación del producto. Explicó que el reporte a las centrales de riesgo fue

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consecuencia del incumplimiento de las obligaciones del actor y de la autorización otorgada por el titular para el efecto, refiriendo además que actualmente no existe reporte positivo o negativo en las centrales de información en relación con esta tarjeta de crédito, aunque sí del crédito ***5900 por mora recurrente del cliente. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de mérito que denominó “Inexistencia de fundamento para demandar. No existe reporte de información injustificado relacionado con la tarjeta de crédito No. ***4966 invocado como fundamento de las pretensiones”, “Cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte del XXXX frente al reporte de la información relacionada con la tarjeta de crédito No. ***4966”, “Culpa exclusiva del demandante”, “Ausencia de daño indemnizable”, “Inexistencia de pérdida patrimonial del demandante”, “Buena fe del XXXX y de sus funcionarios” y la “Genérica del artículo 306 CPC”.

Surtido el traslado de las excepciones al demandante, el Despacho convocó a las partes a la audiencia de que trata el artículo 439 del Código de Procedimiento Civil. Ante el fracaso de la conciliación, se practicaron los interrogatorios, se fijó el litigio, así como los hechos relevados de prueba, se decretaron las pruebas solicitadas, así como las que de oficio la Delegatura tuvo a bien ordenar y se surtió su práctica. Cerrado el debate probatorio, se concedió el uso de la palabra a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión, derecho del cual hicieron uso ambas partes para reiterar lo manifestado en la demanda y la contestación.

II. CONSIDERACIONES

1. En lo que respecta a los llamados presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir fallo de mérito, requisitos indispensables para regular la formación y desarrollo de la relación jurídico procesal, no existe reparo alguno. Esta Delegatura es competente para conocer del conflicto surgido entre las partes, en ejercicio de la acción de protección al consumidor, contemplada en el inciso 2o del artículo 57 de la Ley 1480 de 2011 y artículo 24 de la Ley 1564 de 2012, toda vez que se trata de una controversia relacionada con la ejecución y cumplimiento de las obligaciones emanadas de la relación contractual establecida entre el señor XXXX, como consumidor financiero y XXXX, entidad vigilada por esta Superintendencia.

Adicionalmente, se encuentra habilitado el elemento temporal a que alude el numeral 3o del artículo 58 de la Ley 1480 y no se observa causal alguna de nulidad que pueda dar al traste con lo actuado, lo cual significa que el presente proceso finalizará con un pronunciamiento sobre el fondo del litigio.

2. En el presente evento, no se somete a discusión la existencia del contrato de crédito celebrado entre el señor XXXX y el XXXX, instrumentado a través de la tarjeta de crédito de la franquicia MasterCard terminada en ***4966; tampoco, que en junio de 2012 el producto se encontraba en mora, que la entidad delegó en la sociedad COBRANDO S.A.S. el recaudo de lo debido, que el demandante celebró un acuerdo de pago comprometiéndose a cancelar el saldo en seis cuotas mensuales y que el acuerdo de pago fue cumplido y el último pago realizado en diciembre de 2012, generando la cancelación de la tarjeta de crédito ***4966. También está relevado de debate que el 15 de abril de 2013 le fue entregado al señor XXXX el correspondiente paz y salvo. Aspectos que las partes acordaron tener por probados al momento de fijar el litigio (Cd, registro de las 11:14:34 a.m. a las 11:31:00 a.m., fl. 100).

El desacuerdo entre las partes atañe a los reportes que de la información crediticia se habrían efectuado a los operadores de información, no existiendo consenso en torno a si tales reportes se habrían generado y, de haberlo sido, si se realizó oportunamente su actualización. Lo anterior impone examinar la prueba arrimada al proceso a efectos de establecer si los reportes negativos que se dice afectaron patrimonialmente al demandante efectivamente tuvieron lugar y si los mismos se ajustaron a los términos que le resultan aplicables.

Cabe reseñar que la prueba documental aportada acredita que la entidad demandada se encontraba facultada para divulgar el estado de los productos y obligaciones asumidas por el demandante. Al respecto, consta en la solicitud de la tarjeta de crédito la autorización al XXXX para “…reportar, verificar, procesar, consultar, conservar, suministrar, actualizar y divulgar, a la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y a cualquier otra entidad que maneje bases de datos con los mismos fines, el nacimiento, modificación y extinción de obligaciones adquiridas con anterioridad, al mismo tiempo o con posterioridad a este contrato…” (fls. 62 y 63), de manera similar en la solicitud de unificación de obligaciones se faculta a la entidad para

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“…consultar, reportar, procesar, solicitar, suministrar o divulgar a cualquier entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo relativo a la información comercial de que dispongo” (fls. 80).

En esta medida, dado que el señor XXXX se encontraba en mora en el pago de la tarjeta MasterCard ***4966 para junio de 2012, como se reconoció por las partes en el proceso, y que esta superaba los noventa días, de conformidad con lo manifestado por el actor en su interrogatorio, con carácter de confesión a la luz del artículo 195 del Código de Procedimiento Civil, el BANCO XXXX estaba obligado por la Ley 1266 de 2008 a realizar el reporte correspondiente, el que, por estar en mora, necesariamente, era negativo. Al respecto, de conformidad con el artículo 2o del Decreto 2952 de 2010, reglamentario de la Ley 1266, el Banco se encontraba autorizado para informar sobre los efectos de la mora, en los respectivos extractos del producto, hecho que no es materia de discusión por las partes.

Así las cosas, la responsabilidad que se examina queda restringida a la actualización que la información crediticia del actor debía surtirse con ocasión del pago efectuado en diciembre de 2012.

3. Conviene precisar que el contrato según refiere la doctrina más actualizada, es un acto de previsión que “permite a las partes apropiarse del futuro…” (Hervé Lecuyer, El contrato: acto de previsión). En efecto, el contrato recoge las previsiones de los contratantes en torno al objeto de la convención, las condiciones de ejecución, sus tiempos, las consecuencias del incumplimiento, lo principal, lo accesorio y toda otra suerte de aspectos que por virtud del acuerdo de voluntades se tornan vinculantes, sin que se entienda, valga aclarar, que la voluntad y toda la voluntad negocial, como tampoco toda su regulación, queda limitada al documento donde las partes han recogido el acuerdo pues el contenido de la convención se nutre, de un lado, del iter que la precede y la acompaña, que con no poca frecuencia explica, complementa o ilustra las cláusulas, el alcance de las obligaciones, la causa que llevó a las partes a contratar, etc., y, del otro, de aquellas disposiciones que determinan, integran, limitan, suplen o amplían su contenido. En este sentido el artículo 871 del Código de Comercio establece de manera general que “los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural”, guardando consonancia con el artículo 7o, literal u), de la Ley 1328 de 2009, a cuyo tenor, son obligaciones de las entidades vigiladas, “Las demás previstas en esta Ley, las normas concordantes, complementarios, reglamentarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado o del servicio prestado a los consumidores financieros…”.

En línea con lo anterior, la Ley 1266 de 2008, vigente para la época en que se ejecutó el contrato, consagra que “[l]a información contenida en los bancos de datos debe ser veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y comprensible”, prohibiendo “…el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o que induzcan a error” (Subrayado fuera del texto, artículo 4°, ib.). Así mismo, incluye como obligaciones de las fuentes de información “Garantizar que la información que se suministre a los operadores de los bancos de datos o a los usuarios sea veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable”, y “Reportar, de forma periódica y oportuna al operador, todas las novedades respecto de los datos que previamente le haya suministrado y adoptar las demás medidas necesarias para que la información suministrada a este se mantenga actualizada” (Subrayado fuera del texto, artículo 8°, ib.).

Cabe agregar que el cumplimiento del contrato compromete no sólo los intereses de las partes, sino aspectos de orden social, jurídico y económico que explican la existencia de mecanismos de coerción, en caso de desatención de lo pactado, por lo que se erige como principio contractual aquel que enseña que las obligaciones se constituyen para ser cumplidas.

4. De acuerdo con las pruebas aportadas, el demandante canceló en cumplimiento del acuerdo celebrado con la gestora de cobranzas el saldo de la tarjeta de crédito en diciembre de 2012, en tanto que “la actualización de las centrales de riesgo de titular en asunto se realizó el 12/6/13, con fecha de pago 27/12/12” (folio 140). En efecto, de acuerdo con la documental “…el señor WILSON ORTIZ celebró acuerdo de pago en el mes de julio de 2012 en virtud del cual el [sic] se comprometió a realizar seis (6) pagos mensuales a partir de julio de 2012 y el Banco se comprometió a realizar un ajuste correspondiente a la condonación del saldo restante a fin de cancelar el producto. El señor WILSON ORTIZ realizó el último pago el día 18 de diciembre de 2012 por $107.000 y en consecuencia el día 17 de enero de 2013 se realizó el ajuste correspondiente a la condonación del saldo restante para cancelar el crédito” (fl. 128).

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Así las cosas, acreditado que el actor canceló en diciembre del año 2012 el saldo de la tarjeta de crédito ***4966 y que la actualización del registro financiero sólo se surtió hasta el 12 de junio de 2013, encuentra la Delegatura acreditado el incumplimiento del XXXX de las obligaciones derivadas del contrato celebrado con el demandante, al desatender los deberes que le asistían en cuanto a que la información registrada en las centrales de riesgo corresponda con el estado real de las obligaciones a cargo del deudor, propiciando con su actuar el registro y divulgación de datos parciales, incompletos, fraccionados o genitivos de error, sin haber desplegado ninguna gestión para que la información suministrada a los operadores se mantuviera actualizada, en contravención con las normas aplicables (artículos 4 y 8° Ley 1266 de 2008, 7o de la Ley 1328 de 2009 y 15 de la Constitución Política), sin que resulte oponible el contrato de compraventa de cartera celebrado en diciembre de 2012 no sólo porque no obra el anexo 1 donde consta que el crédito del actor fue transferido a la sociedad NEW CREDIT S.AS., sino además porque, soslayando lo anterior, se encontraba en ejecución el acuerdo de pago celebrado con el actor lo que imponía escatimar medidas para no lesionar sus derechos contractuales y además porque en el contrato de compraventa de cartera se previó que durante el periodo de entrega de la cartera, que tendría lugar “…dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes a la fecha de celebración” del contrato (fl. 152), “…el vendedor, conforme a su criterio, continuar[ía] adelantando las actividades de administración y cobro tendientes al recaudo de los créditos” (fl. 162), haciendo parte de las gestiones propias de administración las atinentes a “reportar la información relacionada con la Cartera de Créditos a las Centrales de Información Financiera –CIFIN y DATACRÉDITO” (fl. 147), de forma que le correspondía al XXXX actualizar la información de los créditos que hacían parte de la negociación. En razón a todo lo anterior, se rechazarán las excepciones de mérito denominadas “Inexistencia de fundamento para demandar. No existe reporte de información injustificado relacionado con la tarjeta de crédito No. ***4966 invocado como fundamento de las pretensiones”, “Cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte del XXXX frente al reporte de la información relacionada con la tarjeta de crédito No. ***4966” y “Culpa exclusiva del demandante”.

5. Establecido lo anterior, atendiendo que el artículo 1613 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados “de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”, se examinarán las súplicas resarcitorias planteadas por la parte actora que se concretan en la suma de $20.000.000 (fl. 25), por concepto de factura de CODENSA, semestre de universidad, préstamo ICETEX, deudas familiares, estrés de su hija e imposibilidad para pagar la seguridad social y venta de sus bienes patrimoniales (fl. 2).

Señaló el demandante en el interrogatorio que le fue practicado que se enteró de encontrarse reportado cuando “…en el mes de marzo [de 2013] fui a solicitar un crédito…, el crédito se llama para

trabajo… lo iba a solicitar por $8.000.000 sin codeudor… cuando yo me acerco al Banco Agrario sucursal de Abastos el señor asesor me atiende y me dice que… me da los requisitos, revisa en su pantalla las centrales de riesgo y aparezco reportado…” (Cd, registro de las 10:11:29 a.m. a las 10:13:46 a.m., fl. 100). Agregó que tenía una empresa y que el préstamo “…era para capital de trabajo, para inyectarle capital, para como materia prima…” (De las 10:13:50 a.m. a las 10:14:40 a.m.) y que con el crédito pretendía cubrir los gastos de la casa, pagar algunas obligaciones crediticias y solventar la educación de su hija.

Cumple señalar que para que un perjuicio sea indemnizable debe ser personal, cierto y directo, con lo cual se excluyen aquellos daños que no han sido experimentados ni padecidos por el reclamante, los que resultan inexistentes o son meramente conjeturales, al igual que aquellos que no guardan la necesaria relación de causalidad con el hecho dañoso. No puede perderse de vista que los mecanismos indemnizatorios persiguen colocar a la víctima en la misma situación que se encontraría si el incumplimiento no hubiera tenido lugar.

En el presente evento, el perjuicio cuya reclamación pretende el actor se circunscribe en estricto sentido a la pérdida de oportunidad derivada de la privación o restricción que el reporte en los términos desactualizados en que la entidad lo mantuvo, introdujo o generó al acceso al crédito con el cual pretendía el demandante obtener un flujo de liquidez que le permitiera -según informó- solventar sus gastos personales, los del hogar e inyectarle recursos a su empresa y que desembocó en la venta de su casa, de un automóvil, una maquinaria y la suspensión de los estudios de su hija. Por tanto, al accionante le correspondía demostrar: (i) que en efecto solicitó un crédito, (ii) que el producto fue negado únicamente con ocasión de la información desactualizada

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que la entidad mantenía en los bancos de datos y, (iii) que existe un perjuicio cierto, personal y directo derivado de la no obtención de tales recursos.

En el presente asunto varios de estos requisitos se echan de menos, algunas de las sumas pretendidas se encuentran repetidas bajo diferentes conceptos, otros rubros carecen de prueba, o no guardan conexidad con el incumplimiento analizado, parten de supuestos equívocos o no son reclamables por el actor.

En primer lugar, no aparece acreditado que el actor hubiera presentado una solicitud de crédito ante el Banco Agrario, o que esta hubiera sido negada, ni mucho menos los motivos que soportarían tal decisión, tampoco existe prueba de la afectación sentimental invocada en la demanda, ni los brazos caídos aducidos, sobre estos aspectos únicamente obra la afirmación del demandante de suyo insuficiente para probar el daño cuya reparación pretende. En segundo lugar, soslaya el actor que de haber obtenido el crédito las sumas prestadas originarían intereses y el capital mutuado debería ser reembolsado, en esa medida el restablecimiento de las cosas no podría concretarse en el ingreso frustrado sino que tendría que cobijar el pasivo, pues la responsabilidad no puede ser fuente de enriquecimiento. En tercer lugar, el actor duplicó indebidamente los rubros cuya reparación pretende, reclamando no sólo lo que no percibió sino además lo que no canceló, con lo cual aparece distorsionado el importe reclamado. En cuarto lugar, no está probado que la privación del crédito resultara lesiva para el demandante en la medida que sus necesidades financieras, según explicó en el interrogatorio practicado, fueron solventadas con los recursos que algunos familiares le proveyeron, en un monto superior al que pretendía obtener de la entidad crediticia (fl. 2) y sin intereses (Cd, registro 10:31:12 a.m., fl. 100), lo que desdice del perjuicio reclamado pues, a pesar del reporte desactualizado, obtuvo la liquidez requerida sin asumir el costo del dinero. En quinto lugar, en relación con la suspensión del periodo académico de la señora XXXX, dado el carácter personal del daño, el demandante carece de legitimación para perseguir su reparación, comoquiera que a folio 43 se observa que su hija indica un número de identificación que se expide a los mayores de edad, y no se acreditó la carga familiar de atención, incumplida en razón a la desactualización de sus reportes. En sexto lugar, igualmente se advierte que el cumplimiento del actor en los pagos del crédito No. ***5900 (fl. 82), durante el primer semestre del año 2013, igualmente lo hacía sujeto de reporte negativo, restringiendo la probabilidad de acceso a los recursos del sistema financiero, aspecto que cuestiona igualmente la causación del daño invocado. Por último, no observa la Delegatura ninguna relación de causalidad entre el incumplimiento invocado y la transferencia que el actor aduce haberse visto forzado a hacer de sus propiedades, además que la promesa aportada resulta insuficiente para probar la transferencia de dominio de bienes sujetos a registro. Por todas las razones anteriormente expuestas, se declararán probadas las excepciones denominadas “Ausencia de daño indemnizable” e “Inexistencia de pérdida patrimonial del demandante”.

6. Conforme con lo expuesto, y ante el incumplimiento por parte del XXXX, se dispondrá la remisión de copias de lo actuado al Grupo Legal para Riesgos Operativos de la Superintendencia Financiera de Colombia para que dentro de su órbita de competencia y si lo considera procedente, investigue, el incumplimiento de la entidad crediticia de su obligación de suministrar información veraz, completa, exacta, actualizada y comprobable y reportar, de forma periódica y oportuna a los operadores, todas las novedades respecto de los datos de sus clientes manteniendo actualizada la información suministrada a estos.

Por último, no se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer éstas causadas, de conformidad con el numeral 9o del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.

En consideración a lo anteriormente expuesto, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito denominadas “Inexistencia de fundamento para demandar. No existe reporte de información injustificado relacionado con la tarjeta de crédito No. ***4966 invocado como fundamento de las pretensiones”, “Cumplimiento de las obligaciones contractuales y legales por parte del XXXX frente al reporte de la información relacionada con la tarjeta de

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crédito No. ***4966”, “Culpa exclusiva del demandante”, y “Buena fe del XXXX y de sus funcionarios”, propuestas por XXXX, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de “Ausencia de daño indemnizable” e “Inexistencia de pérdida patrimonial del demandante”.

TERCERO: DECLARAR el incumplimiento contractual por parte del XXXX del contrato de crédito suscrito con el señor XXXX, instrumentalizado a través de la tarjeta de crédito de la franquicia MasterCard ***4966, por desatención de las obligaciones de información a los operadores de información, en los términos de esta providencia.

CUARTO: DESESTIMAR las restantes pretensiones de la demanda.
QUINTO: COMPULSAR copias de la actuación al Grupo Legal para Riesgos Operativos de la

Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva. SEXTO: SIN CONDENA en costas.
Cumplido lo anterior, por Secretaría, archívese el expediente.
La presente decisión se notifica a las partes en estrados.

No siendo otro el motivo de la presente audiencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron.

LA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES,

LA PARTE DEMANDANTE

EL APODERADO ESPECIAL Del XXXX

XXXX

XXXX

XXXX