Reporte de codeudores en Centrales de Riesgo (Sentencia)

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES

ACCIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR -ARTÍCULOS 57 y 58 DE LA LEY 1480 DE 2011 y 24 DE LA LEY 1564 DE 2012-.

Radicado interno: XXXX
506 Jurisdiccionales

23 Fallo

Expediente: XXXX Demandante: XXXX Demandado: XXXX

Asunto: AUDIENCIA PÚBLICA – PROCESO VERBAL SUMARIO DE MÍNIMA CUANTÍA. ACTA – CONTINUACIÓN AUDIENCIA

Reanudada la audiencia, se profiere la siguiente:

SENTENCIA

Procede la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver en derecho la controversia surgida de la relación contractual establecida entre el señor XXXX y el XXXX y que el demandante hace devenir reporte efectuado por el Banco demandado a las centrales de información, el que considera contrario a la verdad, carente de todo fundamento legal, y violatorio del derecho al debido proceso por no seguir los procedimientos establecidos en la ley 1266 de 2008, ya que no se le informó que la obligación crediticia se encontraba en mora y por tanto iba a ser reportado a los operadores de la información financiera, lo cual le generó unos perjuicios materiales y morales que deben ser resarcidos por el demandado.

Por su parte la entidad demandada se opone a la prosperidad de lo pretendido por el actor, al considerar que el reporte efectuado por el Banco ante los operadores de la información financiera fue reflejo de la situación del crédito a cargo del demandante, toda vez que incumplió con sus obligaciones de pago oportuno, generando mora en la obligación, lo que faculta al Banco para hacer el reporte que se censura. Con fundamento en lo anterior, propuso las excepciones de mérito que denominó “EL DEMANDANTE INCUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL CRÉDITO A SU CARGO, LO CUAL DIO LUGAR A LA MORA EN LA OBLIGACIÓN”, “EL REPORTE EFECTUADO POR EL BANCO ANTE LOS BANCOS DE DATOS REFLEJÓ LA REAL SITUACIÓN DEL CRÉDITO A CARGO DEL DEMANDANTE”, “BUENA FE DEL BANCO GNB, QUIEN HA OBRADO CONFORME A DERECHO Y ACORDE A LO PACTADO ENTRE LAS PARTES”, “COBRO DE LO NO DEBIDO”, “LA GENÉRICA DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 306 DEL C.P.C.” Y “LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN A ESTE PROCESO ESTA EXTINTA, POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA LA SUPERINTENDENCIA PRONUNCIARSE SOBRE EL PRESENTE ASUNTO”

1. Problema Jurídico

De esta manera, el problema jurídico a resolver por parte de la Delegatura consiste en determinar si hay incumplimiento contractual del XXXX por el reporte negativo que realizó del demandante ante los operadores de información financiera.

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No encuentra objeción esta Delegatura en su competencia para efectos de resolver de fondo el problema jurídico planteado, comoquiera que el reporte negativo o positivo, según el caso, solo puede provenir de obligaciones dinerarias, “, independientemente de la naturaleza del contrato que les dé origen”, como lo señala el literal j del artículo 3 de la ley 1266 de 2008.

2. Hechos probados

En el presente asunto no se somete a discusión, en atención a la fijación del litigio y lo manifestado por la partes en sus intervenciones procesales y la pruebas aportadas, la existencia del contrato de crédito N°101012518 celebrado entre XXXX y XXXX como deudores solidarios, con el XXXX el cual fue cancelado en su totalidad el 17 de diciembre de 2012. (Cd min 1:26), tampoco que el Banco demandado realizó un reporte negativo efectuado al demandante ante los operadores de la información financiera, por cuanto la precitada obligación presentó registros históricos de mora para el mes de abril y mayo de 2012 (fl.47).

3. Hechos por probar.

Conforme a lo dicho y al problema jurídico planteado, procedía entonces acreditar al Banco demandado que el reporte negativo efectuado ante los operadores de información financiera fue efectuado conforme a los procedimientos señalados en la ley, atendiendo la negación indefinida que hace la demandante de que dichos procedimientos no fueron cumplidos. Caso contrario, teniendo en cuenta que la obligación de reporte y las condiciones del mismo hacen parte del contrato, se verá comprometida la responsabilidad del Banco.

4. Asunto previo (caducidad)

Previo al análisis pertinente, debe decirse que se encuentra habilitado el elemento temporal a que alude el numeral 3o del artículo 58 de la Ley 1480 ibídem, en el sentido de que la acción de protección al consumidor cuenta con un año para su ejercicio contado a partir de la terminación del respectivo contrato, sin que le asista razón a la entidad demandada en cuanto afirma en sus excepciones de mérito que no puede esa Superintendencia pronunciarse sobre el presente asunto por cuanto la relación contractual que da origen a este proceso se encuentra extinta (fl. 37-38); En efecto, la demanda fue presentada el 05 de noviembre de 2013 y el contrato terminó el 17 de diciembre de 2012, según se encuentra probado . En virtud de lo dicho, la excepción de fondo denominada

“LA RELACIÓN CONTRACTUAL QUE DIO ORIGEN A ESTE PROCESO ESTA EXTINTA, POR LO CUAL NO ES POSIBLE PARA LA SUPERINTENDENCIA PRONUNCIARSE SOBRE EL PRESENTE ASUNTO” debe tenerse como no probada.

5. El procedimiento para hacer reportes negativos ante los operadores de la información financiera. Marco normativo aplicado al caso concreto.

La Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 “por la cual se dictan las disposiciones generales del Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, en especial la financiera en su artículo 12 establece los requisitos especiales para que las fuentes de información financiera puedan realizar los reportes de información negativa, entre estos se encuentra que dicho reporte “solo procederá previa comunicación al titular de la información” dirigida a la última dirección del domicilio del afectado y transcurridos 20 días siguientes del envió de la misma, aclarando que la misma se podrá incluir en los extractos periódicos que se envíen al deudor. Dicha obligación según el precitado artículo tiene como fin que el titular pueda demostrar o efectuar el pago de la obligación y contradecir aspectos tales como el monto de la obligación o cuota y fecha de exigibilidad.

A su turno y en desarrollo del precitado artículo 12, el decreto 2952 de agosto de 2010 dispone en su artículo 2o que “(…) el reporte de información negativa sobre el incumplimiento de obligaciones sólo

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procederá previa comunicación al titular de la información, la cual podrá incluirse en lo extractos periódicos que las fuentes de información envíen a sus clientes, siempre y cuando se incluya de manera clara y legible”, sin perjuicio que las fuentes de información pueda pactar con los titulares otros mecanismos para dar cumplimiento al envió de la comunicación aludida. Lo anterior guarda consonancia con el deber de la entidad bancaria como fuente de información del NUMERAL 5- ARTÍCULO 8o Ley 1266.

En atención a las normas traídas a colación, se tiene que es un requisito sine qua non que para que pueda efectuarse un reporte negativo válido ante los operadores de bancos de datos de información financiera, que se comunique al titular de dicha información previamente a hacer el reporte, pudiendo entenderse que tal comunicación se da cuando los extractos mensuales que se remitan al deudor, así lo expresen.

Descendiendo en el caso bajo estudio, se encuentra que el XXXX no cumplió con el precitado requisito, ya que como lo confiesa el representante legal de dicha entidad en su interrogatorio de parte, si bien se tiene establecido en su procedimiento que antes de generar un reporte negativo debe enviársele comunicación al cliente, no se efectuó comunicación por escrito al señor XXXX (cd min 53:30, 1:01, 1:10), y que pese a que se intentaron unas llamadas las mismas se hicieron a un número incorrecto. (cd min 57:02, 59:40, 1:10,41), tal como lo hace ver el demandante en sus alegatos de conclusión.

La anterior confesión encuentra soporte igualmente en la conducta procesal del Banco GNB SUDAMERIS, quien hizo caso omiso de la orden de esta Delegatura de aportar al proceso oportunamente copia de todas las comunicaciones remitidas al señor XXXX en la cuales se le indico el estado de mora de la obligación N° 101012518 para los años 2011 a 2013 y de los antecedentes documentales de la gestión de cobranza que surtió el banco demandado al demandante respecto a dicha obligación, por lo que su actuar desidioso constituye un indicio grave en su contra a las luces del numeral 6o del artículo 71 del Código de Procedimiento Civil.

Con fundamento en lo dicho, se encuentra acreditado que existió un incumplimiento contractual por parte del Banco convocado a juicio del contrato de crédito suscrito entre él, la señora XXXX y el demandante, por desatención del deber, incorporado al contrato por virtud de la Ley 1328 de 2009 y artículo 871 del Código de Comercio, del reporte, de forma periódica y oportuna a los operadores de la información financiera con el requisito especial que le resulta exigible como fuente, al no enviar la comunicación escrita al señor XXXX exigidas en las normas arriba citadas para hacer el reporte negativo de que fue objeto este.

No obstante lo anterior, no es procedente ordenar la eliminación o rectificación del reporte negativo en comento, ya que dicho reporte ya no aparece en el certificado de la CIFIN obrante a folio 92 ss de fecha 09 de julio de 2014, ni el de DATACRÉDITO visto a folios 48 ss del 07 de marzo de 2014, por lo que debe entender esta Delegatura que el mismo fue materia de corrección por la entidad demandada.

Teniendo en cuenta lo hasta ahora expuesto, se tienen por probadas las excepciones de fondo denominadas “EL DEMANDANTE INCUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE PAGAR OPORTUNAMENTE

EL CRÉDITO A SU CARGO, LO CUAL DIO LUGAR A LA MORA EN LA OBLIGACIÓN” y, “EL REPORTE EFECTUADO POR EL BANCO ANTES LOS BANCOS DE DATOS REFLEJÓ LA REAL SITUACIÓN DEL CRÉDITO A CARGO DEL DEMANDANTE”, pues se encuentra probado y/o no discutido en el proceso que la obligación N° 101012518 contraída entre los señores XXXX y XXXX con el BANCO GNB SUDAMERIS S.A, presento históricos de mora para abril y mayo de 2012 y el reporte hecho reflejó la real situación del crédito. No sucede lo mismo frente a la excepción de mérito denominada “BUENA FE DEL XXXX QUIEN HA OBRADO CONFORME A DERECHO Y ACORDE A LO PACTADO ENTRE LAS PARTES”, la cual se declarara no probada, ya que como se concluyó en apartes precedentes quien presenta el medio exceptivo no ajustó el reporte a derecho, pues omitió cumplir con el requisito de comunicación previa ya estudiado. Por lo anterior, igualmente se ordenará la remisión de copias de lo actuado al Grupo Legal para Riesgos Operativos de la Superintendencia Financiera de Colombia para lo de su competencia.

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Decantado lo expuesto, es necesario hacer pronunciamiento sobre los perjuicios solicitados por la parte actora, con el fin de establecer si estos cuentan con sustento fáctico y jurídico para su reconocimiento.

8 De los perjuicios reclamados

El artículo 1613 del Código Civil impone la obligación de indemnizar los perjuicios derivados “de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento”. Es así como se ha dicho por la doctrina y jurisprudencia que para que exista responsabilidad contractual y de ella puedan derivarse el pago de perjuicios debe confluir los siguientes elementos: (i) el incumplimiento de un deber contractual, (ii) un daño y (iii) una relación de causalidad entre estos. Huelga decir que para que un perjuicio sea indemnizable debe ser personal, cierto y directo, con lo cual se excluyen aquellos daños que no han sido experimentados ni padecidos por el reclamante, los que resultan inexistentes o son meramente conjeturales, al igual que aquellos que no guardan la necesaria relación de causalidad con el hecho dañoso. No puede perderse de vista que los mecanismos indemnizatorios persiguen colocar a la víctima en la misma situación que se encontraría si el incumplimiento no hubiera tenido lugar.

A la luz de lo dicho, se examinarán las súplicas resarcitorias planteadas por la parte actora que se concretan en la suma de $23.274.500 (fl. 23), discriminados asi: (i) $4.500.000.00 por concepto de perjuicios materiales causados, de los cuales $500.000.oo corresponden al daño emergente conformado por la sumas que salieron del patrimonio del demandante “para atender las consecuencias o efectos del daño, tales como transportes, llamadas telefónicas y consultas” y la suma restante es decir $4.000.000.oo corresponden al lucro cesante consolidado y futuro, consistente en lo que dejó de percibir el actor “como ingreso durante el tiempo que debió invertir para las reclamaciones y secuelas del daño producido por el reporte ilegal” .(ii) El equivalente a 31 SMLMV correspondiente a los perjuicios morales, causados a él y a su familiar por el dolor, angustia e impotencia por “verse expuesto a la negativa de un crédito para acceder a la solución de vivienda propia y la censura por parte del sector financiero de otorgarles créditos (…) por el falso reporte efectuado (…)”

El primero de los elementos, esto es, el incumplimiento contractual del cual se origina el presunto perjuicio, se encuentra configurado tal como se dejó sentado, ya que dicho elemento lo estructura el reporte negativo hecho a los operadores de la información financiera sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para ello en la Ley.

El segundo de los presupuestos, el daño o perjuicio, no lo advierte acreditado la Delegatura por los motivos que se expresan a continuación:

Frente a los perjuicios materiales reclamados a razón de daño emergente y lucro cesante, no hay prueba alguna en el expediente, que el demandante XXXX haya invertido la suma de $500.000.oo en transportes, llamadas telefónicas y consultas para atender la consecuencia del daño, circunstancia que no puede presumir la Delegatura, por lo que no puede afirmarse que existió un menoscabo o deterioro del patrimonio del demandante. Así mismo, no se advierte elemento probatorio que muestre que haya dejado de percibir la suma de $4.000.000.oo como ingreso durante el tiempo que invirtió para reclamar el daño causado por el reporte negativo hecho por el Banco demandante; por el contrario el actor en su interrogatorio de parte manifiesta que su sustento económico lo deriva del salario que percibe como miembro activo de la Policía Nacional desde el 24 de diciembre de 1998, aclarando que desde el 2011 el salario lo paga el Ministerio de Defensa porque se encuentra en comisión en la Justicia Penal Militar y las primas la Policía Nacional (cd min 25:40), lo que hacer ver que por el reporte negativo al que se ha hecho referencia el actor no dejó de percibir suma alguna; cabe agregar que tampoco probó que percibiera recursos de otra fuente y que se hayan visto disminuidos o eliminados por tener que invertir tiempo para reclamar el daño causado.

Finalmente, respecto de los perjuicios morales reclamados, que sustenta en el dolor que padeció el y su familia por el “dolor, angustia, impotencia y aflicción” al verse expuesto a la negativa de un crédito para acceder a la solución de vivienda propia y la censura por parte del sector financiero de otorgarle créditos tampoco se encuentra probado dentro del plenario, se encuentra probado tanto del interrogatorio de parte al actor (Cd 29:04) y la documental arrimada al proceso (fl. 54) que

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para agosto de 2013 recibió un crédito del BCSC por $48.000.000.oo el cual el actor manifestó fue utilizado para la adquisición de vivienda, lo que apareja que no configuró el perjuicio moral reclamado bajo este tópico, o por lo menos no hay prueba alguna que lo sustente, pues tuvo para el año que se enteró del reporte, la solución de vivienda propia.

Seguidamente, no se observa medio de convicción alguno de que el demandante haya solicitado a bancos o entidades financieras créditos para la adquisición de vivienda o el otorgamiento de portafolios financieros, sólo está la manifestación del demandante en su demanda y en el interrogatorio, desprovista de cualquier sustento, respecto a que no se le renovó su tarjeta de crédito con Corpbanca y se le negó el un portafolio de servicios (tarjetas de crédito) en Bancolombia por el reporte negativo efectuado por el Banco demandado, manifestaciones que por sí solas no dejan de ser más que un simple alegato, carente de toda prueba.

Aunado a lo anterior, se observa que el actor respecto a los perjuicios morales los varió de 32 a 31 SMLMV (fls, 19 y 23), todo con el fin de poder acudir a este proceso directamente sin necesidad de un abogado, lo que unido a lo anteriormente dicho permiten inferir que este tipo de perjuicios no eran fundamentados, al punto que su cuantía era variable por solo un aspecto procesal.

No sobra señalar que el no otorgamiento de un crédito por sí solo no constituye un detrimento o lesión patrimonial para quien los solicita, ya que en caso de adquirirlo este constituiría un pasivo que voluntariamente toma el deudor y que por supuesto, está en la obligación de solucionar a través del pago de capital e intereses. Además existe prohibición expresa en el artículo 10 de la mencionada Ley 1266 en cuanto a que se nieguen solicitudes de crédito basados exclusivamente en el reporte de información negativa del solicitante.

Colorario de lo anterior, se puede afirmar que no existe la certeza requerida de la ocurrencia de los perjuicios reclamados por el demandante que permitan por un camino racional llevar a esta Delegatura a proferir condena por este concepto, ya que el demandante a quien le correspondía probar los perjuicios no lo hizo (art. 177 del C.P.C.).

Por sustracción de materia, se declarará probada la excepción denominada “COBRO DE LO NO DEBIDO” pero no por los fundamentos esbozados en su proposición (fl.37), sino por cuanto no existe daño probado que indemnizar.

9 Condena por el Juramento estimatorio

En razón a que fueron negadas las pretensiones por falta de demostración de los perjuicios, se impondrá la condena de que habla el parágrafo del artículo 206 del Código General del Proceso. Sin embargo, esta se hará sobre los perjuicios materiales reclamados ($4.500.000.oo), ya que sobre los perjuicios morales la norma citada no resulta aplicable.

Así se condena al demandante XXXX a pagar la suma de $225.000,00 a favor del XXXX, correspondiente al 5% de los perjuicios materiales juramentados a folio 23, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

10 Costas

No se impondrá condena por concepto de costas al no aparecer éstas causadas, de conformidad con el numeral 9o del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil,

En consideración a lo anteriormente expuesto, la DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

LA PARTE DEMANDANTE

MARIA MARGARITA RAMÍREZ LÓPEZ

XXXX

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PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de mérito denominadas “BUENA FE DEL XXXX QUIEN HA OBRADO CONFORME A DERECHO Y ACORDE A LO PACTADO ENTRE LAS PARTES” propuestas por el XXXX, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR PROBADAS las excepciones de “EL DEMANDANTE INCUMPLIÓ CON SU OBLIGACIÓN DE PAGAR OPORTUNAMENTE EL CRÉDITO A SU CARGO, LO CUAL DIO LUGAR A LA MORA EN LA OBLIGACIÓN” y “EL REPORTE EFECTUADO POR EL BANCO ANTE LOS BANCOS DE DATOS REFLEJÓ LA REAL SITUACIÓN DEL CRÉDITO A CARGO DEL DEMANDANTE” “ y “COBRO DE LO NO DEBIDO”

TERCERO: DECLARAR el incumplimiento contractual por parte del XXXX del contrato de crédito N° 101012518 suscrito en calidad de deudor solidario con el señor XXXX, por desatención de las obligaciones de comunicación previa al reporte negativo ante los operadores de la información financiera, en los términos de esta providencia.

CUARTO: DESESTIMAR las restantes pretensiones de la demanda.
QUINTO: COMPULSAR copias de la actuación al Grupo Legal para Riesgos Operativos de la

Superintendencia Financiera de Colombia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO: CONDENAR a XXXX al pago de la suma de DOS CIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($225.000.) a favor del XXXX de conformidad con lo establecido en el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012 y lo motivado en esta providencia, dentro de los cinco días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

SÉPTIMO: SIN CONDENA en costas.
Cumplido lo anterior, por Secretaria archívese el expediente. La anterior sentencia es notificada en estrados.

No siendo más el motivo de la presente audiencia, se termina y firma por quienes en ella intervinieron.

LA DELEGATURA PARA FUNCIONES JURISDICCIONALES,

EL APODERADO ESPECIAL Del BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

XXXX